Proyecto para Liebig del Senador Canali
En este proyecto, el legislador representante del departamento Colón, propone la revisión y modificación de la Ley N° 10.147, que declara a la localidad de “Pueblo Liebig”, perteneciente al departamento Colón, como Patrimonio Histórico – Cultural de la Provincia de Entre Ríos. En el artículo 6°, la ley vigente establece un régimen sancionatorio con escalas y multas graduadas en pesos, conforme a la categoría de las infracciones cometidas. Por eso se propone una actualización de los gravámenes sancionatorios.

También se prevén nuevos mecanismos de protección del patrimonio. Seguidamente, Pablo Canali, propone incorporar un nuevo artículo, relativo a proyectos de creación de nuevos emplazamientos, loteos, divisiones y/o subdivisiones, reestructuración de los existentes y localización de actividades industriales y productivas en el área territorial comprendida en ley. Esta norma, propone también, la intervención de la Dirección General de Planificación, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a los efectos de que dictamine sobre la viabilidad de dichos proyectos, previa remisión de las actuaciones –en consulta- al Área de Preservación del Patrimonio Cultural y Ambiental, a fin de que se expida sobre la afectación del patrimonio protegido.

Este proyecto procura dar mayor protección al patrimonio histórico cultural de Pueblo Liebig, ampliando el ámbito de protección a los casos de divisiones y subdivisiones de tierra, a fin de garantizar que los proyectos de urbanización que a futuro se pretendan realizar tengan plena viabilidad tanto en los aspectos de protección patrimonial como de planificación y desarrollo sostenible; ello sin perjuicio del marco normativo catastral. El mismo objetivo se persigue respecto de las actividades industriales y productivas, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y social del territorio protegido, y regulando el impacto de dichos emprendimientos sobre los bienes tutelados, ello sin perjuicio de las competencias propias de la Secretaría de Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental. El presente proyecto paso a comisión para su correspondiente tratamiento.





De interés, el resarcimiento económico para cesanteados durante la última dictadura
Entre otros proyectos, y a instancias del presidente de la Cámara Alta, Adán Humberto Bahl, se declaró de interés legislativo el resarcimiento económico para los cesanteados durante la última dictadura militar en el país.

La iniciativa fue dada a conocer por el vicegobernador Bahl en una reunión que mantuvo en su despacho junto a los presidentes de Bloques y a los miembros de la Comisión de Autoconvocados Cesanteados Provinciales. La integrante de la Comisión de Autoconvocados Cesanteados provinciales, durante la última dictadura, María del Pilar Blanca, se refirió al objetivo de la reunión con Bahl al sostener que “pudimos dialogar sobre el proyecto y solicitamos que se declare de interés esta iniciativa, lo que fue contemplado de inmediato”. En tanto, Daniel Padúan, otro de los integrantes de la Comisión sostuvo que “desde el movimiento de Derechos Humanos, acompañamos el proyecto y apuntalamos parte del trabajo que hace esta comisión. Hay cesanteados en varias ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Diamante y Paraná, entre otras”, informó. Entre las expectativas que se fundamentaron en el encuentro, Paduán manifestó: “Queremos lograr la visualización de este tema por parte del Senado, porque es muy importante que la Cámara Alta acompañe esta propuesta legislativa, más allá de los créditos fiscales que haya posteriormente para poder materializar algún tipo de reconocimiento. Porque ese acompañamiento a lo que sucedió en esos años, para mucha gente es sumamente gratificante y emotivo”, resaltó. Recordó también la iniciativa legislativa nacional al sostener que “el diputado nacional Díaz Roig, es un especialista en Derecho Previsional y Constitucional, es por ello que su proyecto es muy fundamentado en la parte legal, y por ello tiene en el tratamiento el acompañamiento de los bloques del FpV y del radicalismo. El reconocimiento es de una pensión mínima mensual”, agregó. Y aclaró: “Aquí en Entre Ríos, muchos de los cesanteados han sido reincorporados a sus lugares de trabajos, tanto en la provincia como en los municipios, cosa que en otras provincias no, lo que hace que esas personas hoy estén totalmente desprotegidas. Es por eso que para muchos argentinos no es un tema menor”.

En cuanto a la decisión legislativa de adherir a esta normativa nacional, “tanto el vicegobernador Bahl, como los presidentes de bloques, espontáneamente han acompañado porque es un tema que no desconocen. Fueron muy cálidos con su atención y se comprometieron a redactar la adhesión por parte del Senado de la provincia”. Por último, Susana Ballesteros, expresó que “el resarcimiento ya sea moral o económico es muy importante, porque en la época que nos cesantearon, nuestra vida no valía nada. Es por eso que solicitamos a todos los cesanteados de la provincia, se acerquen a cualquier organismo de Derechos Humanos, sea provincial o municipal”.

El proyecto: el mismo sostiene que “se establece una pensión no contributiva de carácter vitalicio a todos los ex agentes y empleados del Estado Nacional, Provincial, Municipal, Empresas públicas, Universidades Nacionales y Asociaciones u Organismos públicos, que hubiesen sido cesanteados, exonerados, declarados prescindibles u obligados a renunciar, por motivos políticos y/o gremiales a partir del 6 de noviembre de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983”. En tanto, aclara que “en todos los casos, el solicitante deberá acreditar, mediante cualquier medio probatorio idóneo, las causales políticas o gremiales que determinaron su cese laboral, a partir de la presentación de la cantidad de elementos tales como: fotocopias autenticadas de Resoluciones Administrativas, Legajos Personales, Causas Judiciales, Expedientes de Consejos de Guerra, Informes de estructura sindical, información sumaria o testimonios certificados, publicaciones periodísticas u oficiales, listas públicas, entre otros”. El beneficio que establece será equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esta pensión será compatible con la percepción de cualquier otro beneficio previsional permanente otorgado en jurisdicción nacional provincial y municipal. No podrán ser beneficiarios quienes hubiesen sido condenados o resultasen condenados por delitos de violación a los derechos humanos o de lesa humanidad.



Homenaje al General Urquiza
Pablo Canali, con motivo de celebrarse un nuevo aniversario del natalicio del General Justo José de Urquiza, ocurrido el 18 de Octubre de 1801, realizó un breve homenaje, en el cual reseño su actividad política destacando su actuación como Legislador, Gobernador y Presidente de la Nación, haciendo hincapié en su incansable labor para dotar al país de una Constitución y procurar la organización institucional del mismo. “Urquiza sin dudas es nuestro mejor representante, el entrerriano más ilustre. Pero su legado trasciende a Entre Ríos y alcanza a toda la Nación, por la cual luchó denodadamente, en el terreno militar y en el de la política, para darle una organización institucional al país. Sin dudas, que sus logros son muchos, pero entre los fundamentales, se encuentra el de ser impulsor de la redacción de la Constitución Nacional del año 1853, la que establecía un régimen federal para todo la Confederación Argentina”.