Profesionales que completaron estudios universitarios vinculados al corretaje inmobiliario denuncian que encuentran impedimentos para obtener la matrícula que les permita ejercer legalmente su actividad en Entre Ríos.
La situación comenzó a debatirse el pasado 14 de octubre en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados provincial, durante el tratamiento de un proyecto presentado por la diputada Carola Laner para modificar la legislación que regula la actividad.
La iniciativa, identificada como expediente N.º 28.825, propone revisar disposiciones de la Ley 9.739 y su reforma de 2023, establecida mediante la Ley 11.084.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las exigencias académicas para acceder a la matrícula. La normativa incorporó el requisito de contar con una licenciatura específica, contemplando determinadas excepciones transitorias.
Durante la reunión de comisión, profesionales expusieron las dificultades que enfrentan para ejercer, pese a contar con formación universitaria vinculada a la actividad.
El planteo abre una discusión sobre las condiciones de acceso al ejercicio profesional y la necesidad de revisar requisitos que, según los afectados, terminan constituyendo barreras para trabajar.
La discusión en Entre Ríos coincide con una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, difundida oficialmente el 19 de octubre, que sancionó al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) con una multa de aproximadamente $290 millones por abuso de posición dominante.
El organismo determinó que el colegio porteño había utilizado sus facultades de matriculación y disciplina para obstaculizar la actividad de corredores que trabajaban bajo sistemas de franquicia.
Además de ordenar el cese de esas conductas, la Autoridad Nacional de la Competencia formuló recomendaciones para revisar la regulación del sector inmobiliario. Entre ellas, propuso evaluar la obligatoriedad de la matrícula profesional en todo el país y revisar las exigencias de titulación universitaria.
Si bien la resolución se refiere a hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires y no involucra al Colegio de Entre Ríos, introduce un antecedente nacional para analizar el alcance de las regulaciones profesionales y sus efectos sobre el acceso a la actividad.
En Entre Ríos, el proyecto de Laner continuará su tratamiento legislativo, con el objetivo de revisar distintos aspectos de la normativa vigente y las condiciones bajo las cuales los profesionales pueden desarrollar su trabajo.
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